El derecho a la vida privada de los funcionarios públicos

“… el derecho a la priva­cidad, no es absoluto y, en el caso de los gobernantes, queda subor­dinado a la necesidad de acreditar permanentemente su idoneidad ética mediante un comportamien­to ejemplar y conforme a las exi­gencias provenientes de los valores morales que albergan los goberna­dos.”

El conocimiento de algunos aspec­tos de la intimidad y vida privada de los funcionarios públicos responde a un derecho legítimo de la sociedad para poder calificar la aptitud mo­ral de ellos, y decidir si participan de los valores éticos del pueblo que representan.

De esta manera, no solamente se satisface el recaudo de la idoneidad, sino también la necesidad de dar información a los ciudadanos para que, en un sistema republicano y representativo, puedan participar eficientemente en el proceso políti­co seleccionando a sus gobernantes y velando para que ellos, en su vida privada, mantengan el recato im­puesto en la vida pública.

Ello es así porque la vida pública de un funcionario es inseparable de su vida privada, cuanto mayor sea la importancia política del cargo que desempeña. En tal sentido, Linares Quintana enseña que “Se ha dicho que el hombre público no tiene vida privada, porque su actuación públi­ca se proyecta inexorablemente so­bre su intimidad”.

Ossorio y Gallardo observa con ra­zón que la persona que ejerce vida pública tiene muy limitado el dere­cho de resguardar de las miras ge­nerales su vida íntima. Apenas si se reservan sus afecciones y senti­mientos.

Esto es inevitable y convenien­te, pues quien ejerce ministerio de concejal, diputado, senador, gober­nador, ministro, etc., se compro­mete a soportar la atención pública en todos los órdenes de su actividad. Esa diferenciación que suele esta­blecerse entre la vida pública y la privada es inaceptable porque fre­cuentemente cubre la inmoralidad.

Quien es merecedor de la confian­za de sus conciudadanos que lo han honrado con el desempeño de una función pública, debe responder a esa confianza y a ese honor guar­dando en su vida privada el recato debido; lo que no se compadece con la ostentación de riquezas o como­didades superfluas, la frivolidad manifiesta, o los viajes numerosos e innecesarios.

Con su característica y llana sabidu­ría, escribió alguna vez Azorín: “El escándalo es el mayor enemigo de los hombres de bien; tanto más alto estará el que sea su víctima, tanto mayor será el círculo del escándalo y tanto más será el daño que pro­duzca. Evite a toda costa el escán­dalo el político”.

No podemos dejar de recordar la gravitación que tuvo la difusión de la vida privada de algunos políticos vastamente conocidos sobre sus trayectorias públicas. En los Esta­dos Unidos, la condena social emi­tida con motivo de las faltas éticas perpetradas en sus vidas privadas por Edward Kennedy y Gary Hart, provocaron la frustración de sus as­piraciones presidenciales.

La negativa del presidente Bill Clin­ton de haber mantenido relaciones sexuales con una asistente beca­ria, determinó una acusación en su contra por perjurio y, en 1998, el pedido de remoción por la Cámara de Representantes. Pedido que fue desestimado por el Senado cuan­do Clinton admitió haber tenido un comportamiento privado “impro­pio”.

En Gran Bretaña, el escándalo sus­citado en 1963 por la difusión pe­riodística de la relación extramatri­monial que mantuvo John Profumo siendo ministro de Harold Mac Mi­llan, fue uno de los factores que precipitó la renuncia del gabinete conservador, no por el hecho en sí sino su negativa pública.

En esos países, a ningún juez se le ocurrió sancionar la difusión pe­riodística de tales hechos, y los propios damnificados asumieron la responsabilidad por sus actos y torpezas sin trasladar culpa alguna a los medios de prensa.

En definitiva, el derecho a la priva­cidad, no es absoluto y, en el caso de los gobernantes, queda subor­dinado a la necesidad de acreditar permanentemente su idoneidad ética mediante un comportamien­to ejemplar y conforme a las exi­gencias provenientes de los valores morales que albergan los goberna­dos.

Sancionar a los medios de prensa porque satisfacen el derecho a la información de la ciudadanía so­bre el comportamiento ético de sus mandatarios, es abrir las compuer­tas para fomentar el desarrollo de la hipocresía, de la impunidad social, de la corrupción y la inmoralidad.

Esta limitación a la vida privada de los funcionarios y hombres públi­cos no importa la negación de ese derecho sino, solamente, reducir el ámbito de su libertad a la intimidad por razones de orden público, mo­ral pública y las que son propias de un sistema representativo y repu­blicano de gobierno. Tales razones privan de arbitrariedad a ciertas injerencias en la vida privada de los funcionarios y hombres públicos.

*Estudio Jurídico Badeni, Cantilo, Laplacettey Carricart. Argentina

Fuente: https://www.5dias.com.py/2014/07/el-derecho-a-la-vida-privada-de-los-funcionarios-pblicos/