El otro drama de la pandemia: 4 de cada 10 chicos que acuden a comedores populares sufre malnutrición

Los indicadores sociales en todo el país y en el conurbano no son nada tranquilizadores y abren la puerta a indagar hasta qué punto inciden en la decisión del Gobierno de no apretar el botón rojo.

La preocupación del Presidente por cuidar la economía frente a la impiedad de la segunda ola quedó clara en sus propias palabras y en las medidas sanitarias que comunicó sorpresivamente el viernes por la mañana. No hace falta abundar demasiado en el tema: el Gobierno optó hace rato por restringir al máximo todas las actividades posibles, clases presenciales en el AMBA incluidas, a excepción de aquellas que sustentan la actividad productiva, como la construcción. Hubo una elección de costos políticos a pagar y en esa balanza que mide qué cerrar y qué no, Fernández Dixit, el trabajo pesa más. En el fondo de la decisión hay varios indicadores sociales preocupantes, sobre todo si se mira con lupa al conurbano bonaerense, la base electoral del Frente de Todos.

Empecemos por el principio: según un estudio del Centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD) de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), hasta el tercer trimestre del año pasado, en el peor momento de la pandemia, se habían perdido 3,7 millones de puestos de trabajo. De los cuales 2 millones se volvieron a recuperar durante el último trimestre de 2021. La tendencia continúa en este 2021 a paso lento y sostenido y en la Rosada no aparece ninguna intención de querer hacer nada que para cortarle las alas.

A la par del desempleo, el verdadero balde de agua fría fue la publicación del índice de pobreza del INDEC, que la situó en 40 por ciento a nivel país y en el 50 en el conurbano. Esos números, fríos, se entibiecen cuando se profundiza un poco más en ellos. Eso mismo hizo otro informe del el CETyD de esta semana, que disecciona la pobreza por condición laboral. Dice el informe que el 15 por ciento de los trabajadores registrados y en blanco, son pobres; que son pobres el 41 por ciento de los “cuentapropistas”, bolsa donde entran emprendedores, factureros, comerciantes; que el 43 por ciento de los laburantes en negro, no registrados, tampoco llegan a cubrir la canasta básica de $60.874 para una familia tipo. Ni hablar de los desocupados: el 66 por ciento es pobre.

La sintonía fina sobre la que hace malabares el Gobierno tiene a ambos lados del abismo a la pandemia y a la negociación de la deuda externa. Una cuerda floja sobre la que van haciendo equilibrio los 19 millones de pobres que hay en el país. El mensaje, clarísimo en el anuncio del paupérrimo aumento del Salario Mínimo hasta 29 mil pesos en siete cómodas cuotas, es que hay que aguantar. Sin IFE ni ATP a la vista, toca aguantar: entre el ajuste, la pandemia, la deuda y las partidas destinadas a subsidiar la pobreza hay que aguantar.

A ese combo se le se suma un ingrediente explosivo: el último dato de inflación en alimentos y productos básicos, de marzo de este año, da un aumento del 5,8 por ciento. El costo de vida se encarece y hace crecer irremediablemente y de manera automática los números de pobreza en el país y en el conurbano. Quizás sea esa y no otra la explicación de por qué en la Rosada intentarán estirar lo más posible la decisión de apretar el botón rojo. ¿Cuánto más se puede seguir aguantando?

Uno de los sectores que viene “aguantando” es el de la Economía Popular, que esta semana formalizó su conducción de cara a la personería gremial que podría entregarle en el corto plazo el Ministerio de Trabajo. El secretario general de la UTEP, Estaban Gringo Castro, esposo de la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, criticó duramente que el salario mínimo haya quedado en tan sólo 29 mil pesos para enero de 2022. Y pidió que sea de 60 mil, como la canasta básica.

“Este sector, que a más de un año del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, se puso al frente de las necesidades que se multiplicaron en los barrios populares con un serio crecimiento del hambre y la pobreza, y viene dejando hasta la vida en la primera línea de batalla”, dijo Castro, necesita “una actualización del salario mínimo”, que hoy sólo alcanza “la mitad de la canasta básica total o línea de pobreza”.

Los chicos son la otra parte del problema, que crece. Pareciera que todos los debates de la niñez se centran únicamente en la educación presencial, cuando el piso del que se parte es muchísimo más bajo. Un informe elaborado por la propia UTEP llegó a la conclusión de que el 65 por ciento de los pibes y pibas en edad escolar que vive en barrios populares no tiene conexión a internet ni dispositivos con datos para poder estudiar a distancia. Una parte del debate por la presencialidad que estuvo bastante velado en la disputa creciente entre Nación y Ciudad en torno del tema.

Otro informe que viene de las entrañas del Ministerio de Desarrollo Social de La Nación también pone el dedo en la llaga respecto de las infancias. Lo firma un centro de estudios que forma parte del Observatorio Argentina contra el Hambre, el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi), que se encargó de hacer un análisis de talla y peso de más de 50 mil pibes y pibas menores de edad que acuden a merenderos y comedores de todo el país. El estudio se realizó entre diciembre y febrero en 1066 ollas populares y llegó a la conclusión de que cuatro de cada diez pibes de entre 2 y 18 años están malnutridos. En su mayoría, por sobrepeso: les niñes se alimentan con productos abundantes en grasas pero, a la vez, carentes de proteínas y nutrientes esenciales que provienen, sabemos, de las carnes, las frutas, las verduras, los lácteos, etc.

“El sobrepeso y la obesidad en niños y niñas tiene que ver con que las familias adquieren los alimentos más baratos, que llenan la panza, como las harinas o los productos ricos en grasa. Pero no pueden adquirir otros ricos en proteínas y vitaminas, como carnes, lácteos y frutas”, describió el coordinador del informe, Isaac Rudnik.

El dato se complementa con la inflación en alimentos y productos básicos de marzo, que fue del 5,8 por ciento.

Además, otro informe de esta semana, esta vez del Ministerio de Trabajo en base a datos de ANSES, da cuenta de que 5,6 millones de personas que necesitaron y cobraron la primera cuota del IFE en 2020 hoy están sin cobertura por parte del Estado. “Al desagregar la modalidad / situación laboral de las/os beneficiarias/os del IFE, se observa que 2,4 millones (27,0%) corresponden a beneficiarios/as de la AUH/AUE, 0,7 millones (7,8%) a monotributistas (categorías A, B o monotributo social), 0,18 millones (2,1%) a trabajadores/as de Casas Particulares, y 0,12 millones (1,4%) a beneficiarios/as del programa PROGRESAR”, explica.

Así las cosas, habrá que ver hasta qué punto la crisis social que atraviesa el país incide en las medidas sanitarias a tomar, mientras se evita el botón rojo precisamente para evitar otro tipo de colapso, no precisamente sanitario. 

Fuente: Diagonales



Categorías:Economía

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